Legislando para el Empoderamiento Económico de las Mujeres en Ecuador
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Las leyes están construídas para garantizar los derechos de las personas, sin embargo en muchas ocasiones, incluso los marcos legales más progresistas, contienen visiones que discriminan a las mujeres. Sobre la base del “Análisis de legislación discriminatoria en América Latina y Caribe en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres”, presentado por ONU Mujeres y la SEGIB en 2019, se han preparado fichas de cada país de la región, que invitan al diálogo y la reflexión alrededor de los marcos legislativos y sus impactos sobre la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.
Con la finalidad de generar un espacio para el debate de alto nivel alrededor del empoderamiento econonómico de las mujeres, las medidas discriminatorias contenidas en los marcos normativos y los esfuerzos del país y la región para derogarlas; el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, CNIG; la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB; y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres co-organizaron el panel Legislando para el Empoderamiento Económico de las Mujeres en Ecuador, en el que se presentó la ficha país de Ecuador.
El seminario web contó con la participación de Luis Gallegos, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Cecilia Chacón Secretaria de Derechos Humanos, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, Juana Fernández en representación de la Fiscalía General del Estado y el asambleísta Sebastián Palacios, de las diversas funciones del Estado ecuatoriano, así como Rebecca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana y María Noel Vaeza, Directora regional de ONU Mujeres para América Latina y El Caribe, quienes ofrecieron palabras previas a la presentación de la ficha a cargo de Bibiana Aído Almagro, representante de ONU Mujeres en Ecuador; la moderación del panel estuvo a cargo de Nelly Jácome, directora del Consejo Nacional para la Igualdad de género del Ecuador.
El análisis se compone de tres documentos: una “ficha-país” con la información más relevante en cuanto a la ratificación de los convenios internacionales y legislación más importante en cuanto a igualdad salarial, seguridad social, reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado, protección del trabajado doméstico remunerado, permisos parentales y libertad de elección de empleo; una agenda de reformas en la que se señalan propuestas específicas de reformas legales en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres a nivel nacional; y un anexo que contiene los textos legislativos en materia de empoderamiento económico del Ecuador.
“A pesar de los renovados compromisos y los innegables avances, aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en el contexto actual de crisis sanitaria y socioeconómica generada por la pandemia del COVID-19 que amenaza con revertir muchos de los progresos de las últimas décadas, particularmente en relación a las mejoras registradas con respecto a las oportunidades económicas de las mujeres, así como con ampliar las brechas de género que aún persisten”, afirmó Rebecca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana.
Por su parte María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU mujeres para América latina y El Caribe, apuntó: “El trabajo no remunerado es un tema urgente y transformador. No somos vulnerables, somos agentes de cambio. La pandemia y la recesión económica solo la podremos vencer si incluimos a las mujeres, en toda su diversidad, en la solución que los gobiernos trabajan en materia de paquetes fiscales y emprendimiento”.
Las y los panelistas reconocieron la importancia de asumir y mantener compromisos orientados a impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y la construcción de una sociedad más igualitaria para mujeres y hombres. Los compromisos asumidos en esta jornada fueron cambios concretos y transformadores para mujeres, niñas y niños, la ratificación Convenio 190 de la OIT. Desde el Consejo de la Judicatura, el fortalecimiento en casos de violencia sexual y medidas de protección para víctimas. Desde la Fiscalía General, el fortalecimiento de unidades especializadas, y la creación de puentes entre el Estado y la sociedad civil. Por su parte, la Asamblea Nacional afrontará retos en cuento a la igualdad salarial, y la Secretaria de Derechos Humanos, la “economía violeta” que involucra a instituciones públicas y privadas, con el fin de ayudar, sobre todo, a las mujeres jefas de hogar.