Declaración de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka sobre el asesinato de Lesbia Yaneth y Jo Cox

El 7 de julio lloramos la muerte de Lesbia Yaneth, activista medioambiental en Honduras y miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Su asesinato sucede poco después del de su compatriota y compañera Berta Cáceres, por su papel de líder indígena, ecologista y defensora de los derechos humanos y del de su también compañero de Copinh, Nelson García.

Ellos se unen a la lista cada vez mayor de mujeres y hombres alrededor del mundo agredidas/os por sus creencias políticas y por su perfil público, en la que se incluye el reciente ataque en contra de Jo Cox, miembro del Parlamento británico que recibió un disparo y fue apuñalada a muerte en el Reino Unido el pasado 16 de junio. Ella fue una luchadora incansable por los derechos de las mujeres en todo el mundo y una abierta defensora de las cuestiones humanitarias, la paz y la igualdad.

Sus voces han sido silenciadas. Pero las causas que apoyaban se ven fortalecidas por los que siguen alzando la voz por la justicia.

Hoy en día, alrededor del mundo hay más mujeres en cargos públicos que en cualquier otro momento de la historia. Más de 10.300 mujeres son parlamentarias en sus países, esto es equivalente a más del 22 por ciento de los parlamentarios en todo el mundo y más del doble de la proporción que en 1995. El ritmo del cambio es demasiado lento y está muy lejos aún de lograr la paridad, pero hay progreso.

De manera alarmante, casi universalmente, esta mayor representación de las mujeres ha venido acompañada de la violencia basada en el género. Esto se manifiesta de diversas formas -con hostigamiento y agresión en diversos medios de comunicación, con intimidación y la violencia sexual y física contra las mujeres en cargos públicos; obligando a las mujeres a renunciar a cargos políticos; y bajo el escrutinio público de las candidatas con comentarios que examinan su apariencia en lugar de su experiencia y sus políticas. En su forma más extrema, las mujeres en puestos políticos han sido encarceladas o asesinadas por ejercer sus derechos políticos y por atreverse a defender lo que es correcto.

Esta reacción violenta al progreso es un fenómeno global. Su existencia es hoy uno de los obstáculos más graves para la realización de los derechos políticos de las mujeres. Es una manifestación que intenta evitar que las mujeres reclamen sus derechos - y que protejan los de los demás. Se les impide votar o ejercer cargos públicos, hacer campaña libremente, o expresar una opinión política sin temor a represalias o a ser cuestionadas en sus propios hogares, comunidades, y en el ámbito público. Es un impedimento directo a las mujeres que buscan un cargo electoral, y un elemento disuasivo para las mujeres jóvenes que tratan de romper el molde.

Hay que alzar la voz ante esta situación. Hay que confrontarla. Hay que pararla. Ninguna mujer debería pagar con su dignidad o su vida por ejercer sus derechos políticos. Esta debe ser una iniciativa en colaboración con las mujeres en cargos, con los partidos políticos, los parlamentos, con los ciudadanos y con el movimiento de mujeres. Tenemos que actuar de manera colectiva en contra de la discriminación, mediante la sensibilización de los medios de comunicación, trabajando con hombres y niños, y convirtiendo las leyes en políticas efectivas contra el acoso político y la violencia contra las mujeres.

Acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo en la política, es una batalla clave, al mismo tiempo que un objetivo de nuestro tiempo. Todos tenemos un papel que desempeñar en exponerlo y en actuar para combatirlo.