Inclusión financiera para mujeres y jóvenes del “missing middle”
Fecha:
Econ. Paola Gutiérrez
Coordinadora de Proyecto
“Expandiendo la Protección social para hombres y mujeres jóvenes en situación de informalidad”
ONU Mujeres
Si bien en 2019 en Latinoamérica ya se percibía un gran descontento social que se reflejó en los levantamientos y protestas en algunos países de la región motivados por diversos factores, entre ellos, corrupción, desigualdad, violencia de género y las reformas económicas; ninguno de estos desestabilizó tanto la salud, el empleo y la economía como la propagación del SARS-CoV2, el cual exacerbó las desigualdades y profundizó la exclusión tanto social como económica, ya evidentes en el 2019.
El empleo adecuado en Ecuador, en un año, pasó de 47,3% en septiembre 2019 a 36,2% en el mismo período del 2020. El desempleo, en cambio, incrementó 0,8 puntos porcentuales1 y el subempleo subió de 18,4% a 24.5%. Los momentos más críticos fueron entre marzo y junio de 2020 cuando apenas 1 de cada 5 personas tenían empleo adecuado, el subempleo llegó a casi el 40% y el desempleo alcanzó uno de los valores más altos de los últimos 10 años, 11,6%. Así mismo, el empleo en el sector informal incrementó en 2 puntos porcentuales, es decir, aproximadamente 162 mil personas entraron a trabajar en este sector (INEC, 2019 y 2020).
El 20% de la población tiene entre 18 y 29 años, de ellos 3 de cada 5 se encuentran trabajando, disponibles o en búsqueda de empleo.
En 2019, aunque una tercera parte de este grupo tenía un empleo adecuado, al compararlos con el resto de la población se puede decir que los y las jóvenes enfrentaban mayores niveles de desempleo2 y subempleo3.
En el punto más álgido de la crisis, el empleo adecuado de jóvenes cayó al 14% y el subempleo se disparó al 34%, como consecuencia, se dio un retroceso de casi 10 años de la afiliación a la seguridad social de los y las jóvenes ecuatorianos, llegando solo al 26% de cobertura, 14 puntos menos que en el 2014, cuando se alcanzó su cobertura más alta (40%). En la situación pre-pandemia, los y las jóvenes sin afiliación y del sector informal, eran quienes experimentaban mayores niveles de pobreza (37%).
El ser mujer también incrementa la vulnerabilidad, así la tasa de pobreza de mujeres jóvenes (24%) supera a la pobreza de jóvenes (21%) y, cuando no tienen cobertura de seguridad social, la tasa incrementa al 27%. Desafortunadamente, el sistema de protección social en Ecuador no ha logrado otorgar garantías mínimas a jóvenes en pobreza, pues en el 2019, el 60% de los y las jóvenes en pobreza no recibieron la transferencia monetaria4.
El “missing middle” o la mitad perdida es un término que tomó aún más relevancia durante la pandemia. Este es el grupo de personas que por sus condiciones laborales precarias y por su situación socioeconómica no pueden estar categorizadas como personas pobres (o no pueden ser identificadas y, por lo tanto, están desatendidas, como el 60% de jóvenes en pobreza en Ecuador), no se encuentran “registradas” en el sistema. Es decir, son una población con pocas oportunidades de movilidad social, goce de derechos laborales o acceso a la asistencia social del Estado. A nivel global este grupo está conformado mayoritariamente por jóvenes, mujeres y población en informalidad, el cual creció a partir de la pandemia.
En Ecuador, de la población joven, esta mitad perdida constituye el 42% que se encuentra en el sector informal y el 67% que no tiene acceso a la seguridad social. Estas condiciones, lo alejan de los sistemas formales, provocando que sus actividades económicas se mantengan fuera de la legalidad y que enfrenten altos riesgos.
Es recurrente ver que las unidades económicas autónomas más pequeñas e informales pertenecen a mujeres. Diversos factores hacen que estas actividades lideradas por mujeres sean altamente inestables y presenten pocas probabilidades de supervivencia, entre ellos se encuentran las barreras de acceso al sistema financiero. Esto se refleja en la proporción de mujeres con acceso y uso de productos financieros (46%) que es 8 puntos menor que la proporción de hombres (54%), y de manera particular, la posesión de una cuenta básica es el producto financiero con la brecha de género más amplia, pues por cada 6 hombres con una, existen 4 mujeres dueñas de una cuenta básica (BCE, 2018).
Así mismo, existen barreras legales y procedimentales que impiden su acceso a créditos como garantías, historiales crediticios, firmas conjuntas, entre otros. A esto se adiciona otro factor de riesgo que enfrentan las mujeres que es la violencia económica o patrimonial que, en Ecuador, alcanza el 16%. Es decir, de cada 10 mujeres, menos de 2 han sufrido acciones de menoscabo de sus recursos patrimoniales, económicos o financieros, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; así como la limitación o control de sus ingresos (INEC, 2019). Estas acciones no se circunscriben al espacio laboral, sino que, muchas veces, surgen del hogar y se reproducen en el mercado. En definitiva, mujeres jóvenes pueden ver limitadas sus posibilidades de acceder a recursos financieros por roles de género, por su limitada participación y experiencia laboral, por la falta de garantías financieras e incluso por bajos niveles de escolaridad y por falta de educación financiera.
Desde el punto de vista financiero, el missing middle es un grupo poco atractivo para las instituciones financieras por las escasas garantías que representa. Desde la demanda, las barreras detectadas para acceder a productos financieros, como una cuenta bancaria, se encuentran relacionadas con la falta de fondos suficientes y el costo de apertura. Es decir, es un círculo perverso que mantiene a esta población fuera del sistema financiero. Esta situación, ha motivado la creación de estrategias nacionales de inclusión financiera para poblaciones en condiciones de exclusión social y económica, más de 50 países las han desarrollado o están desarrollando y Ecuador se encuentra en el proceso. Este instrumento, creará un marco legal y normativo claro para fomentar la innovación de la gestión financiera e incluir a la base de la pirámide y a la mitad perdida. Entre otras cosas, se podrán adaptar los criterios e indicadores actuales a unos que permitan a la población en informalidad, jóvenes y mujeres ser usuarias/ os de los servicios y productos financieros, a través de mecanismos nuevos como la calificación de crédito alternativo, que ya se ha implementado en otros países y que es naciente en Ecuador.
La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en Ecuador es la oportunidad para facilitar la entrada al mercado de productos financieros asequibles para grupos excluidos, en pobreza y que son parte de la mitad perdida, especialmente jóvenes y mujeres. Con ella, entonces, se promoverá el acceso y uso de servicios financieros de calidad que protejan a las y los usuarios, generen bienestar a partir de la recuperación de medios de vida y el acceso a trabajos decentes en un marco regulatorio adecuado y acompañado de educación en finanzas (UASB y RFD, 2019) para acelerar la movilidad social.
Artículo publicado en microFINANZAS, Revista de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, en diciembre de 2020.
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1. El desempleo pasó del 4.9% en septiembre de 2019 a 5,7% en septiembre 2020.