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La CEDAW es la “carta fundamental de derechos de las mujeres” y su cumplimiento es obligatorio para los países que la ratifican. Además, junto con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es la piedra angular de las políticas de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres y las niñas.
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El Ecuador cuenta con un marco normativo que viabiliza la inclusión financiera de las y los jóvenes en situación de informalidad, a la vez, está pendiente la definición de mecanismos de coordinación intersectorial e interinstitucional, a nivel nacional y local para llegar, organizada e integralmente, a este grupo poblacional. Los hallazgos de esta investigación resultan del diagnóstico y el levantamiento de problemas o barreras para el acceso a productos y servicios financieros que más frecuentemente se presentaron entre las personas jóvenes de las cuatro ciudades, se pueden agrupar en dos categorías: las barreras desde la oferta y las barreras de acceso a la inclusión financiera desde la demanda de servicios y productos.
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El presente documento parte del diagnóstico situacional que identifica las barreras y las necesidades específicas para la inclusión financiera de las y los jóvenes que se encuentran en informalidad. Presenta un análisis de mapeo de actores nacionales y locales relevantes que trabajan en temas de inclusión financiera, con énfasis en jóvenes, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Machala y Loja. También, sistematiza las experiencias, programas e iniciativas que tienen que ver con los distintos ámbitos de la inclusión financiera, enfocadas prioritariamente en la población joven y en mujeres.
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ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en coordinación con la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), implementan desde enero de 2020, el programa “Expandiendo el sistema de protección social para mujeres y hombres jóvenes en economía informal”. La línea de acción en materia de inclusión financiera del programa es ejecutada por la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo (RFD). El objetivo de este estudio es entender la situación de la inclusión financiera de las y los jóvenes en informalidad y sus necesidades, a fin de diseñar mecanismos innovadores de inclusión financiera desde su realidad y reconociendo las barreras que tienen para acceder a servicios financieros y no financieros; y proponer algunos lineamientos de política pública.
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La población de jóvenes asciende a 3 millones de personas aproximadamente1. Representa el 17.6% de la población total en el país; 1.9 millones está trabajando o en búsqueda de trabajo y 1.1 se encuentra en inactividad. Alrededor de 692 mil se encuentran trabajando en empleos no remunerados o no adecuados; a ellos se suman alrededor de 652 mil jóvenes que tienen empleos adecuados o plenos. Los estudiantes son el tercer grupo más representativo entre los jóvenes; a diciembre 2019, sumaban 641 mil personas. El desempleo se encuentra alrededor del 9% del total de jóvenes activos. El 34% de las mujeres jóvenes se encuentran trabajando en empleos no remunerados o se dedican a tareas de cuidado en el hogar2; este porcentaje es tan solo el 5% entre los hombres jóvenes.
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El objetivo de este estudio es describir las brechas de protección social entre la población joven en el país y cuantificar el monto necesario para cerrarlas. La caracterización permite plantear alternativas que se adapten a la realidad y las necesidades de los jóvenes y particularmente de aquellos que se encuentran en condición de informalidad. Por otra parte, la cuantificación de las brechas de protección social contributiva y no contributiva, así como la estimación del monto necesario para cerrarlas, se vuelven herramientas gubernamentales para la ampliación de la política nacional de protección social e inclusión económica y social.
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El presente documento consolida los hallazgos relevantes del análisis de la Economía de cuidados para jóvenes en situación de informalidad y las brechas de atención para las cuatro ciudades priorizadas (Quito, Guayaquil, Loja y Machala). Para lo cual, se realizó una revisión de la información disponible en encuestas de acceso público1, con la finalidad de analizar el panorama nacional específicamente de las ciudades priorizadas y de la población joven (entre 18 y 29 años), se complementó con información primaria, levantada específicamente para este estudio. En la medida de lo posible y con el fin de observar el efecto que ha tenido la crisis sanitaria debido al COVID-19, se analizan los años 2019-2021 considerando el grupo de interés establecido.
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El presente documento ofrece un diagnóstico de la oferta y la demanda del cuidado desde una perspectiva cuantitativa y otra cualitativa. La cualitativa recoge la experiencia de algunos/as usuarios y usuarias de servicios de atención institucionalizados, principalmente desde la experiencia de la población joven en situación de informalidad laboral y vulnerabilidad socioeconómica con hijos e hijas menores de 4 años en las ciudades de Loja, Machala, Quito y Guayaquil, recopila también reflexiones de informantes clave con experiencia alrededor de la materia. Así mismo, el documento considera una perspectiva cuantitativa y de estimación estadística para comprender la estructura del mercado laboral y, particularmente, las condiciones y características de la población joven (18 – 29 años).
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Policy brief que esalta la importancia de las redes de cuidado familiar y comunitario ya que cumplen un rol determinante en el cuidado de niños y niñas, así como la relevancia de la atención presencial de los servicios relacionados a la primera infancia en un contexto local en el que la brecha digital supone una barrera de acceso y una limitante para la participación de cuidadores/as en el mercado laboral.
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Plan International, UNESCO y ONU Mujeres lanzan herramienta informativa para gobiernos y organizaciones que están respondiendo -en el contexto de la COVID-19- ante los retos ligados a la educación y género que enfrentan, principalmente, las niñas y adolescentes.
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La participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en todo el mundo, las mujeres y las niñas están considerablemente subrepresentadas: desde la política y el entretenimiento hasta los lugares de trabajo.
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Los Programas de Transferencias Monetarias (PTM), ampliamente extendidos en América Latina y el Caribe como mecanismo de protección social para paliar las dificultades económicas y sociales de la población viviendo en situación de pobreza, han sido identificados como uno de los mecanismos más rápidos de respuesta ante la crisis del COVID-19.
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La decisión de migrar puede comportar para las mujeres la posibilidad de mejorar de forma significativa su calidad de vida, entre otras razones porque al convertirse en proveedoras de ingresos y lograr mayor autonomía y autoconfianza pueden dejar atrás conductas, expectativas y comportamientos tradicionalmente asignados a ellas en su sociedad de origen como roles de género.
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El propósito de este estudio sobre la violencia política de género contra las mujeres en el Ecuador ha sido el analizar la violencia a la cual se enfrentan las mujeres políticas en el país, con énfasis en el área de la frontera norte. La intención es identificar limitaciones y elementos que se constituyen como retos que permitan establecer medidas para combatir y prevenir este tipo de violencia.
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En el 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, la campaña de ONU Mujeres, “Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario”, exige igualdad en la remuneración, igualdad a la hora de compartir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, poner fin al acoso sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, servicios de salud que respondan a sus necesidades, y su participación en pie de igualdad en la vida política y en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida.
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En este año, el informe muestra las diversas maneras en las cuales apoyamos el trabajo en los niveles globales y nacionales para convertir  las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en resultados para las mujeres y las niñas alrededor del mundo; trabajando cercanamente a los Estados Miembros y con un amplio rango de socios para realizar derechos y construir resiliencias.
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ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que ellas enfrentan en el mundo.