Planificación y presupuestos sensibles al género

Los cambios que promueven la igualdad de género deben contar con el respaldo de los fondos adecuados y supervisarse sistemáticamente para evaluar los logros conseguidos en cuanto a reducción de la discriminación de género.

Los planes, las políticas, las instituciones y los presupuestos nacionales son algunas de las medidas que sirven a los gobiernos para empezar a convertir los compromisos a favor de las mujeres en avances concretos hacia la igualdad de género.

Contemplar estas dimensiones de la gobernanza a través de un prisma de igualdad de género implica dejar de asumir el enfoque convencional de que son neutrales desde una perspectiva de género. Implica evaluar las brechas de género de forma exhaustiva, así como identificar medidas destinadas a eliminarlas.

A pesar de los avances, los datos nos muestran que:

  • La igualdad de género no se evidencia como prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo. Este documento estratégico, no incorpora metas específicas de reducción de brechas de género.
  • Luego de 4 años, el país cuenta con una política nacional de igualdad de género (Agenda de Igualdad).
  • La inversión en políticas de igualdad de género, registradas en el Clasificador Orientador del Gasto en Políticas de Igualdad de Género representa menos del 2% del presupuesto general del estado y no existen mecanismos institucionales que permitan el monitoreo y evaluación de esta inversión.
  • En el ámbito territorial, varios procesos de vigilancia y monitoreo de la inversión de gobiernos locales ha significado mejores niveles de interlocución entre las organizaciones de mujeres y las autoridades, la creación e institucionalización de instancias especializadas en igualdad de género a nivel local y la asignación de recursos públicos a las demandas priorizadas de las mujeres. Sin embargo, son experiencias piloto no asumidas en la mayoría de territorios.

Frente a este contexto los retos son:

  1. Poco conocimiento en el sector público sobre enfoque de género y transversalidad conlleva a políticas públicas neutras sin respuesta a las brechas de género.
  2. Débil voluntad política y poco posicionamiento político estratégico de la igualdad de género como fin de la política pública se refleja en programas para la igualdad de género sin financiamiento, poca ejecución y mínimos resultados.

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