Declaración de Santo Domingo

Ministras de la mujer y máximas autoridades de género de 29 países de América Latina y el Caribe signaron la Declaración Regional de Santo Domingo previa al 62º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW62)

Fecha: viernes, 9 de febrero de 2018

representantes de países de la región durante la consulta regional para la CSW 62

La Declaración de Santo Domingo, que recoge la posición de América Latina y el Caribe de cara al 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW62), fue adoptada hoy por ministras de la mujer y máximas autoridades de género de 29 países de la región.

El tema prioritario de la Declaración está alineado al de la próxima sesión de CSW, “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”, que se llevará a cabo en Nueva York del 12 al 23 de marzo de 2018.

La Declaración reafirma compromisos previos de los Estados en convenciones, pactos y convenios internacionales y regionales en materia de derechos humanos de las mujeres, igualdad de género, desarrollo sostenible, para la autonomía física y en la toma de decisiones y el empoderamiento económico de todas las mujeres y las niñas rurales en toda su diversidad.

Las autoridades reunidas en Santo Domingo refrendaron estos compromisos, poniendo un foco particular en mujeres y niñas de comunidades rurales latinoamericanas y caribeñas a través de cuatro pilares: Derecho a un estándar de vida adecuado, garantizando seguridad en los ingresos y protección social; Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutrición; Derecho a la tierra y recursos productivos; mejorar la producción de estadísticas e indicadores.

En América Latina y el Caribe viven 58 millones de mujeres rurales que conforman un conjunto enormemente diverso en cuanto a su identidad, formas de vida, organización social y actividades que desarrollan, y han sido partícipes en el desarrollo de la región. Sin embargo, han permanecido excluidas como sujetos de derechos políticos y sociales, consecuencia de un sistema colonial de sociedades marcadamente centralistas y patriarcales.

En 2015, todos los países de la región se comprometieron a reducir la pobreza y la desigualdad sin dejar a nadie atrás al suscribir la , que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus correspondientes metas, en los que se vincula el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales a su realización.

En cuanto a los tratados internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sigue siendo el único que dedica un artículo específicamente a la situación de las mujeres rurales (Artículo 14), en el que se exhorta a los Estados Miembros a adoptar todas las medidas necesarias para que se respeten y refuercen sus derechos de acceso a servicios básicos y recursos productivos, así como a participar en el desarrollo rural a todos los niveles. Por primera vez se incluye su derecho a recibir un trato igualitario en los planes de reforma agraria.

A esta Declaración, se agrega el trabajo y la presencia del liderazgo de las mujeres en la defensa de los territorios y bienes naturales, así como de organizaciones y redes de mujeres rurales, indígenas y campesinas de la región en los foros globales que, con el apoyo de organismos multilaterales, han permitido colocar en el debate público la relevancia asuntos como la feminización de la agricultura o el importante papel que desempeñan las mujeres rurales en la seguridad alimentaria y la construcción de resiliencia frente al cambio climático y sus consecuencias como la sequía, las inundaciones y la deforestación. 

En conclusión

Las ministras y autoridades nacionales solicitaron que la Declaración de Santo Domingo sea remitida a los Ministerios de Relaciones Exteriores y a las Misiones Permanentes en las Naciones Unidas para informar las discusiones previas y durante la CSW62.

Las mujeres rurales enfrentan barreras estructurales, normas sociales discriminatorias y políticas insensibles al género que han limitado su poder en la participación política y dentro de sus comunidades y hogares. Su labor, que ha ido en aumento, es invisible y no remunerada, y no pueden desarrollar todo su potencial por la discriminación en el acceso a los bienes y servicios productivos, incluida la tierra. Sin embargo, esta desigualdad no es inevitable. Por el contrario, es el resultado de decisiones políticas y de prácticas y creencias patriarcales enraizadas.

Un primer paso necesario para el cambio es reconocer a las mujeres rurales como ciudadanas plenas y activas. Esto debe llevar a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar sus derechos y para que puedan incorporarse en igualdad de condiciones a los procesos de desarrollo.

Las discusiones que tendrán lugar en el marco del 62 periodo de sesiones de la CSW son una oportunidad única para mostrar compromisos y avanzar con pasos firmes en esta dirección.